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El asesor fiscal del novio de Ayuso niega haber cooperado en el fraude de 350.910 euros

Javier Gómez Fidalgo, que presentó las declaraciones del impuesto de sociedades de Alberto González Amador, se declara inocente ante la jueza

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el 10 de abril en el exterior de los juzgados de Plaza de Castilla.

Javier Gómez Fidalgo, el economista que presuntamente ayudó a defraudar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su inocencia este martes ante la jueza. Fuentes de su entorno aseguran que este ha defendido las declaraciones de impuestos del empresario Alberto González Amador, y que Hacienda se excedió con él.

Fidalgo ha declarado que por el presunto delito de fraude fiscal de 350.910 cometido por el empresario Alberto González Amador, pero la oposición de izquierdas a la presidenta también lo considera un personaje de interés por otro vínculo con Amador: la compra de un ático que usan este y la presidenta Ayuso, un asunto que no está judicializado, pero es habitualmente usado como munición contra la dirigente madrileña.

Este martes a las 10.15, Fidalgo entró en la sala de vistas del juzgado 19 de instrucción para responder a preguntas sobre su rol en el presunto fraude fiscal, el asunto que originó todo este caso. De 62 años, este economista regenta en León un despacho de asesores y abogados llamado Multigestión. Fidalgo respondió durante dos horas a preguntas de todas las partes. Según él, nunca había sido investigado por haber presentado la declaración fiscal de un cliente.

Su cita se debe a que presentó dos autoliquidaciones del impuesto de sociedades sospechosas de fraude, en 2020 y 2021, de una de las consultoras de sellos de calidad propiedad de Amador, Masterman & Whitaker. Además, Amador lo designó para defenderlo durante la inspección que lideró la Agencia Tributaria, entre mayo de 2022 y enero de 2024.

La Fiscalía, que pidió su imputación en abril, destacó que realizó, en nombre de Amador, “numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas”. Hacienda concluyó que la pareja de Ayuso usó 16 facturas falsas que ascendían a 1,7 millones de euros, unos gastos ficticios que le sirvieron para pagar menos impuestos.

Fidalgo ha sido noticia desde que estalló el caso debido a otro motivo. Además de asesor fiscal, es de una empresa inmobiliaria, Babia Capital SL, que compró en julio de 2023 el ático ubicado justo encima del piso de Chamberí donde viven Amador y Ayuso. Ambos han disfrutado del ático durante este tiempo, lo que ha suscitado las críticas de la oposición sobre si hay un motivo oscuro para ese acuerdo.

Sobre esto, Amador se pronunció el mes pasado ante la jueza: reveló que alquila por 5.000 euros ese inmueble. Explicó que le pidió a Fidalgo el favor de comprar ese ático porque no tenía fondos suficientes para adquirir en ese momento ese segundo inmueble. La oposición cree que este asunto no quedará cerrado hasta que no se revele de dónde sacó Babia Capital el dinero para comprar el piso.

Fuentes de su entorno aseguran que Fidalgo no tiene relación de amistad con Amador y que lo conoció en mayo de 2022, cuando Hacienda comenzó a investigar a la pareja de Ayuso. Fidalgo ha sostenido que hizo las declaraciones de Masterman & Whitaker porque su despacho había llevado la contabilidad y declaraciones de impuestos de esa empresa desde que fue creada en 2008 como Círculo de Belleza SL y continuó haciéndolo después de que Amador la comprara en diciembre de 2020.

Aunque Fidalgo cree que Amador no es culpable de fraude, también ha tratado de marcar distancias con los problemas legales de Amador, según fuentes judiciales. Ha destacado que él no tiene relación con Maxwell, la otra consultora de Amador, cuyas declaraciones tributarias fueron presentadas por un despacho de Ponferrada. Maxwell fue la empresa que recurrió a las facturas consideradas falsas por Hacienda.

También ha tratado de desmarcarse cuando ha hablado sobre la defensa que hizo de Amador ante Hacienda. Sobre esa actuación, que la Fiscalía tacha de “mendaz”, Fidalgo ha dicho que él se intercambiaba correos con su cliente en los que explicaba su valoración como experto a las cuestiones que planteaban las inspectoras. Luego, Amador le contestaba y él le daba forma para reenviárselo a Hacienda.

Sobre el ático no se ha hablado en la sala. El fiscal ha intentado hacer una pregunta al respecto, pero la jueza le ha parado en seco, alegando que ese asunto no corresponde a esta pieza, según fuentes judiciales.

Una jueza en tiempo de descuento

La declaración de Fidalgo se ha producido en el marco de la pieza principal, la que originó el caso hace 14 meses. Hay una segunda pieza por la que se investiga a Amador por un presunto soborno de 500.000 euros a un ejecutivo del conglomerado sanitario Quirón.

Después de numerosos retrasos, la causa tuvo un avance significativo el mes pasado, cuando Amador declaró por primera vez ante la jueza, María Inmaculada Iglesias. En aquella cita, Amador defendió sus negocios con Quirón. Tras esto, las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid pidieron nuevas actuaciones, entre ellas que se impute al ejecutivo de Quirón, Fernando Camino, y a su esposa, María Gloria Carrasco, o que intervenga la unidad especializada de la Policía Nacional en investigaciones económicas, la UDEF.

PSOE y Más Madrid buscan que la instrucción avance antes de que se produzca un importante cambio en la causa: un nuevo juez tendrá que asumir pronto el caso debido a la jubilación de la jueza Iglesias, que se espera abandone el puesto en junio. A los partidos de izquierda, satisfechos por ahora con los avances de la instrucción, les inquieta que el nuevo titular pueda dar un giro a las pesquisas.

El nuevo magistrado del número 19 de Madrid será nombrado por concurso de traslado convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que resolverá de acuerdo a los criterios de antigüedad entre los jueces interesados en cambiar de destino. Fuentes del CGPJ informan de que las vacantes de decenas de juzgados se suelen agrupar en una misma convocatoria y que cada año se realizan cuatro o cinco procesos de selección de este tipo. Esto supone que hasta la llegada del nuevo titular, podría designarse temporalmente a un sustituto, que se ocuparía del caso durante semanas o meses.

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