Una jueza investiga al empresario José Elías por construir su casa de Tiana en un parque forestal

Un juzgado de Mataró (Barcelona) investiga al empresario multimillonario José Elías, fundador de la empresa de renovables Audax, por construir, presuntamente de forma ilegal, una casa en una zona protegida del municipio de Tiana, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. Elías, que ya ha declarado como investigado ante la jueza por un delito urbanístico, construyó su mansión de dos plantas, piscina y pista de pádel sin pedir licencia al ayuntamiento y en pleno parque forestal de la Serralada de Marina, una zona de especial protección ambiental. El empresario, según los informes que obran en la causa, hizo “caso omiso” a la orden municipal de detener las obras.

La casa del dueño de Audax Renovables y de La Sirena, entre otras muchas empresas, se intuye, pero no se ve, paseando por la exclusiva urbanización del Mas-Ram. La finca bajo investigación judicial, que según el registro catastral ocupa una superficie de 9.170 metros cuadrados y está compuesta por dos terrenos de “matorrales” y otro “improductivo”, está rodeada por un vallado de estacas de color blanco que dejan entrever una generosa masa forestal. Allí levantó el empresario nacido y criado en Badalona, en 2018, la que es su residencia habitual, en unos terrenos donde había una antigua masía, can Sant Romà. La finca había acogido viñedos en época romana y conserva, de hecho, ánforas de vino de ese periodo.

Surgido de un barrio humilde y de familia trabajadora, Elías, que ahora tiene 49 años, cimentó su fortuna gracias a los buenos resultados de su empresa de renovables, Audax. Hace cinco años se convirtió en milmillonario y, según la revista Forbes, su patrimonio asciende actualmente a los 940 millones de euros. La casa de Tiana, según se observa en las imágenes de Google Maps ―que la muestran aún en fase de construcción― está a la altura de su fortuna. Pero se ha convertido ahora en una fuente de problemas.

Una “intensa limpieza de árboles”

En febrero de 2018, la policía local recibió un aviso sobre las obras que se estaban llevando a cabo en la finca. Unos agentes se presentaron en el lugar y levantaron acta. Los policías constataron “movimientos de tierras de importancia”, el “derribo parcial de construcciones existentes” y “una intensa limpieza de árboles”. Regresaron un mes más tarde y observaron que se estaban instalando las acometidas de luz y agua y se estaba construyendo una nueva entrada. Los agentes constataron que las obras se estaban ejecutando sin la obligatoria licencia municipal.

Las supuestas irregularidades, sin embargo, van más allá de la ausencia de permisos. Los terrenos sobre los que Elías construyó una nueva edificación, siempre según la investigación, están incluidos en dos planes especiales: el de protección y mejora de la Serralada de Marina ―la cordillera que, asomada al Mediterráneo, abraza Barcelona y su área metropolitana― y el de medio natural y paisaje de la Conreria-Sant Mateu Céllecs. Se trata, según los distintos informes emitidos a propósito del caso y que obran en la causa judicial, de suelo “no urbanizable” catalogado, urbanísticamente, como “parque forestal”.

El Ayuntamiento de Tiana inició un expediente de protección de la legalidad urbanística, el instrumento que tienen los municipios para paralizar una obra ilegal y hacer que las cosas vuelvan a su estado original. En junio de 2020, en plena pandemia, el arquitecto municipal emitió un informe en el que alertaba de que Elías había hecho “caso omiso” al acta que le obligaba a paralizar las obras. Con independencia de que el empresario quisiera presentar un proyecto para legalizarlas, las obras, insistió el arquitecto entonces, “se han de parar”. Un año más tarde, a instancias del consistorio, el arquitecto hizo una nueva inspección. La edificación “parece finalizada”, dijo, y constató la lista de trabajos que se habían hecho: los movimientos de tierras, la construcción de una planta subterránea, la ampliación de una piscina preexistente, la sustitución de la pista de tenis por una pista de pádel. La infracción urbanística, concluyó, resultaba “muy grave”.

El caso adquirió mayor gravedad para Elías con la intervención, justo después de esa última visita, de una secretaria municipal que emitió un informe demoledor. El Ayuntamiento, sugirió, debía “paralizar o suspender” las obras de inmediato y abrir un expediente sancionador por lo que parecía una infracción “muy grave” porque las obras eran “manifiestamente ilegalizables”, según la documentación en manos de la Fiscalía y del juzgado. Los hechos podrían incluso “incurrir en un supuesto de ilícito penal”. Pocos meses más tarde, en noviembre de 2021, el ayuntamiento aprobó un decreto en el que propuso una sanción de 1,5 millones de euros (la máxima) y puso el caso en conocimiento de la justicia.

La Fiscalía se puso manos a la obra y, tras estudiar la documentación, presentó una querella que recayó en la mesa de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Mataró, Elisabet Loscos. Al iniciarse el proceso penal, el expediente sancionador del consistorio quedó suspendido. La magistrada mantiene investigado a Elías por un delito urbanístico, que castiga con entre uno y cuatro años de cárcel a “promotores, constructores o técnicos” que lleven a cabo obras, entre otros lugares, en suelos que tengan reconocido “su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultura”. Según el Código Penal, los jueces tienen la potestad de “ordenar la demolición de la obra” y la “reposición a su estado originario”.

La causa está abierta y en fase de instrucción. El juzgado ha solicitado documentación a diversas istraciones y empresas. También tomó, hace unos meses, declaración como investigado a Elías. Consultado sobre el caso por este diario, el empresario ha preferido no hacer comentarios.