Cualquier jurista con más de cinco años de experiencia podrá presentarse a la oposición extraordinaria para jueces sustitutos

A la prueba de para que más de 1.200 jueces y fiscales sustitutos accedan a la carrera judicial se podrá presentar cualquier graduado en derecho con más de cinco años de experiencia. Este proceso extraordinario, previsto en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en enero, pretende “acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó la propuesta en el Consejo de Ministros del pasado martes. El texto, al que ha tenido EL PAÍS, propone un sistema de concurso-oposición y acaba parcialmente con el régimen de incompatibilidades, una de las perpetuas exigencias de los jueces y fiscales sustitutos.

El a cualquier cargo público viene recogido en el artículo 23 de la Constitución. Fuentes del Ministerio de Justicia manifiestan que no realizar un proceso exclusivo para jueces y fiscales sustitutos “responde a la necesidad de ajustarse plenamente a los parámetros que el Tribunal Constitucional exige para el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el a la función pública”.

Sin embargo, la jurisprudencia del Constitucional prevé el al funcionariado a través de concursos restringidos si se cumplen tres requisitos: que se trate de una situación excepcional; que solo se acuda a este tipo de procedimientos una vez y que esté prevista en una norma con rango legal. Según fuentes del colectivo de jueces sustitutos, lo que el órgano de garantías exige es que el proceso “se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional”. Por ejemplo, la sentencia 27/2012, de 1 de marzo, del Constitucional pone de manifiesto que, “en determinados supuestos extraordinarios, se ha considerado que en procesos selectivos de a funciones públicas se establezca un trato de favor en relación con unos participantes respecto de otros”.

La regularización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos forma parte de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en enero de 2025. Se convocará una sola vez y se realizará el próximo 2026, según reza el documento. La convocatoria constará de dos fases. La primera, una oposición que consistirá en “un dictamen práctico relativo a un caso [judicial] concreto”, sobre cualquier rama del derecho.

Terminada esta etapa, el tribunal evaluador valorará los méritos presentados por las personas que la hayan superado. Dicho tribunal estará presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia. También estará conformado por siete vocales –dos magistrados, dos fiscales, un catedrático “de disciplinas jurídicas”, un abogado del Estado, un abogado con más de diez años de experiencia– y un letrado de la istración de Justicia, que actuará como secretario.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, manifestó en la sesión plenaria de este miércoles que el Gobierno “va a colar a 900 jueces sin oposición” para que la justicia en España “dependa de estómagos agradecidos”. Tras remarcar la falsedad de esta afirmación —pues sí acceden por oposición—, Félix Bolaños defendió a los jueces sustitutos: “Hacen su trabajo y lo hacen muy bien, con profesionalidad y rigor”.

Para el por esta vía, el ministerio dirigido por Bolaños tendrá en cuenta la experiencia de los jueces y fiscales sustitutos. Estos profesionales sumarán 0,20 puntos por cada año de llamamiento y 0,80 puntos por cada año de trabajo efectivo, mientras que el resto de profesionales sumarán 0,25 puntos por año.

Las mismas fuentes indican que “se intentará cubrir el mayor número de plazas posibles de las actualmente cubiertas por jueces y fiscales sustitutos”, aunque no aclaran cuántas específicamente. Lo que sí revela el documento es que las fijará el Ministerio de Justicia, después de escuchar al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Los jueces y fiscales sustitutos que no aprueben esta oposición tendrán derecho a una compensación económica, “equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio”, hasta un máximo de doce mensualidades.

El Ministerio de Justicia pretende con estas medidas dar carpetazo a una situación por la que la Comisión Europea ha apercibido a España en dos ocasiones, en julio y octubre de 2024. El pasado diciembre, el Ministerio de Justicia manifestó su voluntad de “encontrar una solución definitiva” al problema de la interinidad en la Justicia, después de décadas de inacción de Gobiernos de todo signo político. El colectivo de jueces sustitutos se siente “agradecido” por la intención y califica al departamento de Bolaños como “valiente”, aunque afirma que el proceso de estabilización “tiene que ajustarse a los estándares europeos”.

Juzgados saturados

Las asociaciones judiciales han denunciado que los juzgados están colapsados al no poder afrontar la creciente carga de trabajo. En este sentido, la justicia interina se ideó como una solución temporal que ha terminado constituyendo una parte crucial de la judicatura. En este momento, hay 954 jueces y 331 fiscales sustitutos, en torno al 20% de la carrera judicial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños manifestó que las carreras judicial y fiscal “necesitan un número mayor” de profesionales “para poder ejercer con mayor agilidad el servicio público de la justicia”. Por ello, además de la estabilización de la justicia interina, anunció que la implementación del cuarto turno —una vía para que juristas de reconocido prestigio accedan a la judicatura y, hasta ahora, solo disponible para jueces— en la carrera fiscal. La ley que regula el cuarto turno establece que el 25% de la judicatura tiene que estar conformada por jueces que entraron a través de esta vía, mientras que ahora ese porcentaje está en torno al 8%, tal y como declaró el propio Bolaños en la rueda de prensa.

Tanto este proceso extraordinario como las reformas en el a la judicatura han provocado el rechazo radical de las asociaciones judiciales. Incluso han creado un grupo de WhatsApp, con más de mil participantes, según ha avanzado este lunes El Español y ha confirmado EL PAÍS. En este chat, los jueces plantean convocar una huelga si la propuesta de Bolaños sigue adelante. Fuentes de Justicia expresan que el examen concreto del proyecto de ley “disipará los temores que se han generado respecto a este proceso”.

Las tres asociaciones mayoritarias de jueces sustitutos han emitido un comunicado en el que niegan la intervención del poder político en este proceso, ya que a ellos fueron nombrados por el CGPJ y defienden su profesionalidad: “No somos legos en derecho, somos licenciados, muchos doctores en derecho y algunos con varias carreras universitarias”. También inciden en que la estabilización de la judicatura interina se enmarca dentro de la justicia europea, que “ha sido contundente al reconocer el abuso de la temporalidad” en otras figuras similares de la UE, como los jueces honorarios en Italia.