Un error judicial deja en libertad a tres hombres detenidos por transportar 400 kilos de hachís

La Policía Nacional vigiló durante meses su actividad y los siguió mil kilómetros desde Marbella hasta Jaca. Hasta que, en las inmediaciones de la ciudad oscense, los agentes interceptaron el convoy con tres vehículos de una organización que pretendía trasladar 400 kilos de hachís hacia Francia. En la intervención, ocurrida el pasado 6 de abril y en la que uno de los conductores llegó a embestir a los policías, fueron detenidos tres ciudadanos ses de entre 20 y 34 años, a los que se sumaron dos más en Marbella al día siguiente. Tras pasar a disposición judicial 48 horas después, estos últimos fueron puestos en libertad por un juzgado marbellí. Y los tres primeros, enviados a prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad documental por una jueza en Jaca. Hasta que un error judicial obligó a liberarles días más tarde porque, según la Audiencia Provincial de Huesca, se había vulnerado su derecho de defensa al no facilitarle la jueza los elementos esenciales de la causa, como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La operación policial —denominada Epicúreo y financiada con fondos europeos— llamó la atención porque mientras en la Costa del Sol las incautaciones de decenas de fardos con hachís son frecuentes, en Aragón no lo son tanto. El trabajo había arrancado en noviembre de 2024 después de que las unidades especializadas en narcotráfico en el litoral malagueño detectaran la presencia de varios individuos vinculados a este mercado, según informó el Ministerio de Interior. La vigilancia sirvió para comprobar que usaban documentación falsa y que, con ella, alquilaban vehículos para sus actividades delictivas. Todos viajaban además de manera constante entre Marruecos, España y Francia para enviar hachís hasta territorio francés por el método llamado go fast. Es un modo habitual: dos coches que abren camino por la autovía a toda velocidad para detectar posibles controles policiales y un tercero, detrás, que transporta la droga.

En marzo los investigadores detectaron que los sospechosos habían comprado herramientas, lonas y sierras. Todo apuntaba a un plan de secuestro o asesinato, por lo que decidieron actuar. Y en pleno transporte de diez fardos con 400 kilos de hachís desde Marbella, los interceptaron en el entorno de la localidad de Arguis, a unos 50 kilómetros de Jaca. El conductor de la furgoneta que llevaba el estupefaciente embistió a los agentes y consiguió luego huir campo a través, aunque otros tres integrantes del convoy sí que fueron detenidos allí mismo. Además, otras dos personas más, considerados los supuestos autores intelectuales del envío de droga, fueron arrestadas en Málaga al día siguiente. Estos pasaron a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, que decretó su puesta en libertad. Y los tres primeros lo hicieron ante el juzgado de Instrucción número 2 de Jaca, donde la jueza los envió a prisión provisional. Las actuaciones fueron decretadas como secretas desde el juzgado marbellí, que fue el que abrió las primeras diligencias.

Los abogados de los arrestados, sin embargo, recurrieron ante la Audiencia Provincial de Huesca ese ingreso en la cárcel. Consideraban que se había vulnerado su derecho de defensa porque no les habían facilitado los elementos esenciales de la causa. La audiencia respondió el pasado día 21 y les dio la razón. Ordenaban su puesta en libertad, aunque les mantenía la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada lunes en el juzgado (y cada vez que éste lo requiera). El caso es similar al que a principios de mes dejó en libertad al considerado jefe de una organización que, en octubre del año pasado, había supuestamente importado 13 toneladas de cocaína a través de una empresa alicantina.

“Demasiado precavida”

“La jueza que tomó declaración a los detenidos no les expuso ampliamente los detalles y motivos por los que realmente estaban siendo arrestados. No quiso vulnerar el secreto de las actuaciones. Quizá fue demasiado precavida y no dio la información que los letrados entienden básica para la defensa”, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que defienden a la jueza porque la audiencia “en ningún momento habla de error” en su auto. “En los tribunales los matices son muy importantes y caben muchas interpretaciones”, insisten desde el TSJ de Aragón.

Para fuentes policiales consultadas sí se trata de un fallo que deja en evidencia el trabajo realizado por las unidades especializadas a lo largo del país que, además, en esta ocasión contaba con la colaboración y el apoyo de Europol y la financiación de fondos europeos. “Nuestro esfuerzo no es proporcional con las decisiones que toman los jueces”, subraya un agente. “Estos y muchos otros son delincuentes peligrosos. Y luego nos venimos preguntando que por qué hay tantos tiroteos en la Costa del Sol”, señala uno de los muchos policías que trabaja en la zona, quienes dicen que la puesta en libertad de detenidos en sus operaciones es relativamente común. “Poco podemos hacer con los medios que nos proporcionan, la pasividad en los juzgados o el poco reconocimiento de quienes trabajan de forma más directa contra esas organizaciones como Udyco y Edoa”, añade un tercer investigador, que cree que todo eso se refleja posteriormente en la desigual lucha contra los grupos criminales.