Los subterfugios de la Junta andaluza para ocultar la procedencia del dinero cuando llega del Gobierno central

La disputa del Ministerio de Fomento del ministro de Transportes Óscar Puente con la Junta de Andalucía por imputarse el plan de gratuidad del transporte público para menores de 14 años es la desavenencia pública entre las dos istraciones más notable por publicitar bien el origen del dinero, pero no la única. Son frecuentes los enganches, hasta ahora por carta o aviso telefónico, entre el Gobierno socialista y la Junta andaluza, del PP. El gobierno afirma que la Junta hace enormes esfuerzos por evitar reconocer que el dinero de algunos de los programas que la istración andaluza ejecuta tiene su origen en el Gobierno central, o de Sánchez, como les gusta llamarlo en la Junta. Granada es un ejemplo y el subdelegado del Gobierno, el socialista José Antonio Montilla, no para de detectar casos en los que, dice, no lo invitan a inauguraciones o visitas de obra, los obligatorios carteles no reconocen el origen de los fondos o lo hacen con letra pequeña, o traspasan la ejecución de los programas a instituciones como la Diputación Provincial, que no se siente vinculada por el origen de los fondos y lo publicita como planes propios y de la Junta, su contratante.

En el caso del Plan Corresponsables, del Ministerio de Igualdad, dirigido a que los cuidados en el ámbito familiar se realicen de modo igualitario entre mujeres y hombres, la ejecución en Granada lo ha dejado la Junta en manos de la diputación provincial, con mayoría absoluta del PP. Dos millones y medio de euros llegaron a Granada en 2024 procedentes de Madrid, con parada rápida en Sevilla, que los despacha en la institución provincial para que lo reparta en los pueblos que se adhieren al plan. Conocer el origen de los fondos es, en cualquier caso, tarea difícil.

Pero cualquiera que vea las presentaciones o difusión que se hace de ella pensaría que es un asunto de la Junta que delega en la diputación la gestión. En enero de 2024, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, entregó las primeras subvenciones afirmando que esa entrega ponía de manifiesto “el compromiso de la Junta con la corresponsabilidad”. Para diputación, que solo gestiona, “se trata de un plan subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y financiado por el Ministerio de Igualdad dentro del marco del Plan Corresponsables con la participación de la Diputación de Granada”, según su publicidad. En ambos casos, aplicando la lupa, se encuentran las señales de la procedencia del dinero. En el caso del comunicado emitido por la consejera ese enero de 2024, la señal aparece hacia la mitad cuando se dice que “el Plan Corresponsables 2023, dotado con 31,6 millones de euros [en Andalucía] procedentes de una transferencia estatal [ …]”.

José Antonio Montilla se quejó a esta institución por lo equívoco de su información. La respuesta fue que ellos reciben el dinero gracias a un convenio con la Junta de Andalucía y, por tanto, para ellos es la Junta la que subvenciona el programa. En un cómodo proceso que se limita a traspasar el dinero, la Junta se convierte en la istración subvencionadora ―y firme defensora― sin aportar financiación propia. Pero eso, explica Montilla, no es todo. “El problema es que si no se sienten obligados con el Gobierno a reconocer su esfuerzo, tampoco se sienten obligados a rendir cuentas sobre cómo se está desarrollando el programa”. No puede saberse ―porque tampoco se sienten obligados a dar información del cumplimiento del proyecto, explica el subdelegado del Gobierno― si cumple los objetivos fundacionales del proyecto. “No sabemos en qué se gasta el dinero”, concluye Montilla sobre este programa, que reconoce que le pidieron desde el ministerio un informe sobre el desarrollo de Corresponsables que no pudo completar por falta de información.

El juego de logos ―más allá de la no invitación a los actos o la presencia abrumadora de personas de las instituciones de un partido frente a la de un representante del partido contrario, que supone un juego infantil, pero efectivo para las fotos en la prensa local― es otro de los instrumentos utilizados para evitar reconocer quién pone el dinero. En enero de este año, representantes de la Junta andaluza en Granada realizaron una visita a las obras del centro de salud de Albuñol, en la costa granadina, ya lindando con la almeriense. Casi cinco millones aportados dentro del plan MINAP de mejora de las infraestructuras en atención primaria, procedentes de fondos propios del ministerio de Sanidad. Las fotos de la visita muestran a 15 personas, ninguna de ellas del ministerio o en representación del Gobierno.

La foto muestra, además, algo muy habitual, la presencia abrumadora de una parte: junto a numerosos representantes del PP aparece la alcaldesa socialista de la localidad, María José Sánchez, a la que no quedaba otra que invitar. Las fotos de aquel día muestran, además de muchos políticos del PP, un gran cartel sin mención al origen de los fondos. De hecho, parecería que es la obra es una responsabilidad exclusiva de la Junta. Montilla se quejó y poco después el cartel fue rectificado. Un vinilo tapa ahora la mención original a la Junta y dice que es un proyecto “financiado por el Plan MINAP”, con el logo del plan, pero no el del gobierno. Algo similar ha ocurrido, explica el subdelegado con otros centros de la provincial. En la capital, con una inversión de más de seis millones de euros, la Junta tuvo que poner también a posteriori y por indicación de Montilla, otro vinilo explicando que se trata de un proyecto financiado por el plan MINAP, sin mayor mención al gobierno o al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, sí reconoce al Ayuntamiento de Granada, del PP, como institución colaboradora.

Este diario ha pedido, sin éxito, su versión a la delegación de la Junta en Granada, sobre su política de comunicación de este tipo de programas y proyectos. En cualquier caso, la razón que aducen desde la Junta al Gobierno es que venga el dinero de donde venga, la gestión de esos fondos y de los diversos planes, recae en la Junta.

Para Montilla, esa perseverancia en no reconocer el papel del gobierno, “es una deslealtad institucional sorprendente, que obliga no solo a establecer obligaciones jurídicas en lo que respecta a la comunicación y difusión de los planes, sino a pedir que se cumplan estas obligaciones”. Por ello, “lo de Transportes y el plan de gratuidad no es una anécdota. Si eres desleal, eso tendrá consecuencias”. Además, eso afecta al trabajo conjunto entre instituciones que, comenta, acaba invadido de “desconfianza”.

También las placas juegan su parte en esto. En el Palacio de Narváez de Loja, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, con fondos europeos, y dentro del programa PIREP, de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales, invirtió una cifra cercana a los 1,3 millones de euros, complementados con 300.000 euros del ayuntamiento lojeño, en manos del PP. En la placa de inauguración del edificio, al que no convocaron a nadie del Gobierno, aparecen los logos gubernamentales, pero el texto deja claro que lo inauguró el consejero de istración Local y Justicia de la Junta, el popular José Antonio Nieto.

En Motril, hace unos meses el ayuntamiento anunciaba la licitación de la Senda Litoral, un programa que en su totalidad requiere 1,6 millones procedentes del gubernamental Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. En su comunicado lo explicaba oportunamente. La senda recibió la visita del Consejero de Turismo andaluz en enero de este año. En la foto aparecen el consejero (PP), la alcaldesa de Motril (PP), el presidente de la Diputación (PP), el delegado de la Junta en Granada (PP), el entonces delegado de Turismo de la Junta en Granada (PP), y el presidente del Puerto de Motril, que fue concejal del PP, pero nadie del Gobierno central.

Conscientes de que este es un asunto que no afecta a los ciudadanos, que quieren que las cosas se hagan y funcionen sin importar mucho de donde vienen los fondos y las ideas, el asunto incomoda al gobierno. Por lo que consideran deslealtad y porque, a la vez, no acaban de tener claro que sea bueno hacer una guerra de ello.