El dilema del modelo turístico español

Tras un trienio de crecimiento explosivo, se anticipaba una moderación de la entrada de turistas extranjeros que de momento no está ocurriendo. En el primer trimestre del año, el gasto real en consumo de no residentes (una aproximación de la aportación del turismo a la economía española) se incrementó por encima del 10% en términos interanuales, siendo éste el componente de la demanda más boyante. Hasta el punto de amenazar con entorpecer el cambio del modelo productivo, ese objeto de deseo de la política económica española.

El sector prevé otro récord histórico para 2025, con la entrada de cerca de 100 millones de visitantes. Las tendencias recientes avalan el vaticinio, tanto en términos de volumen de llegadas como de gasto medio por persona que visita nuestro país. El consumo de los no residentes sigue aportando más de medio punto de crecimiento agregado, compensando el debilitamiento de las exportaciones de bienes, las más afectadas por el vaivén de la coyuntura internacional y por la guerra comercial. El turismo juega, por tanto, un papel crucial de contrapeso providencial ante shocks externos, como fue el caso durante la crisis financiera.

Hasta fechas recientes, el bum turístico no había impedido la eclosión de otros sectores, particularmente los servicios profesionales, de logística, tecnología y otras actividades de alto valor añadido. El dinamismo de estos servicios no turísticos ha permitido ampliar la base productiva, generando puestos de trabajo relativamente bien remunerados y aportando sustanciales excedentes externos.

Este logro puede verse constreñido por las señales de recalentamiento que subyacen tras el auge del turismo: los precios turísticos se han disparado, al tiempo que los problemas de vivienda se han agudizado a medida que una parte de la oferta de ha desplazado hacia el alquiler vacacional o de temporada. En lo que va de año, los componentes del IPC ligados al turismo se han incrementado el triple que el IPC total. Destaca el encarecimiento de los paquetes turísticos, los viajes internacionales y los costes de restauración y alojamiento, estos últimos, con una importante incidencia en el coste de la vida de las personas que residen y trabajan en España de manera permanente.

Por otra parte, la bonanza turística también puede tensionar el mercado laboral en segmentos que compiten por atraer mano de obra. Esta circunstancia empieza a ser relevante, a medida que el desempleo desciende y que los fenómenos de escasez se multiplican. La inmigración es clave para colmatar el déficit de personal, pero su aportación se verá cada vez más limitada por la escasez de vivienda. El número de inmigrantes ha pasado de crecer a tasas cercanas al 10% en 2023-2024, hasta el 5% en los trimestres más recientes, según la encuesta de población activa.

La inercia nos llevaría a un tensionamiento persistente de los precios, estrechando también el margen de crecimiento de las empresas de nueva creación o que entrañan un elevado efecto tractor sobre la productividad. El propio sector perdería competitividad frente a otros destinos vacacionales, circunstancia que de momento no se ha producido, ya que países como Grecia o Portugal conocen problemas similares de congestión.

La aceleración de la construcción de vivienda aliviaría los fenómenos de saturación y permitiría mantener el flujo de entrada de trabajadores extranjeros, pero sin alterar el modelo productivo. El riesgo de expulsión de otras actividades solo se diferirá, sin desaparecer. Para que la riqueza aportada por el turismo redunde en mejoras generalizadas del nivel de bienestar, una evolución cualitativa es necesaria, de ahí la relevancia de las propuestas de elevación de las tasas turísticas y de otras medidas de contención de las externalidades generadas por el sector. El mantra del cambio cualitativo aparece reiteradamente en el debate, pero ahora cobra más relevancia ante el agotamiento de los recursos humanos y habitacionales y las oportunidades de la revolución tecnológica.