Consumo ordena a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Nuevo episodio de la cruzada del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los anuncios ilegales de alquiler de pisos turísticos y contra Airbnb. Tras haber remitido en los últimos meses tres resoluciones diferentes a la plataforma en las que se le informaba que se habían detectado 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas y en las que se le instaba a retirarlos, algo que también hizo con las autonomías dónde estaban situadas esas viviendas, ahora ha sido la justicia la que ha avalado su tesis.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Airbnb contra la primera resolución de Consumo, que afectaba a 5.800 anuncios de viviendas turísticas que se encuentran en seis comunidades autónomas diferentes (Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco).

Ante ese respaldo judicial, la Dirección General de Consumo ha instado a la filial de Airbnb en Irlanda de Airbnb, que es la que gestiona el negocio en Europa, al bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas, que corresponden a los detectados en las tres resoluciones.

Consumo los considera ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos y por vulnerar la normativa de las diferentes autonomías donde se encuentran. En primer lugar argumenta que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias de las autonomías objeto de la investigación.

También apunta a que los anuncios no precisan la naturaleza jurídica de los arrendadores. Consumo revela que el hecho de saber si los caseros son profesionales o particulares “es una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no”. De hecho, el Ministerio tiene abierto un expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos por hacerse pasar por particulares para alquilar su cartera de viviendas. Entre los beneficios que pueden obtener ocultando su verdadera identidad se encuentra el de esquivar la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. También está el de sortear el rechazo de una gran parte de la demanda de alquiler turístico a los grandes gestores y propietarios de pisos, puesto que no casan con los principios de la economía colaborativa sobre los que nacieron empresas como Airbnb.

El tercer hecho denunciado por Consumo es que hay anuncios que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado que aplaude la decisión del Ministerio de “estrangular” la publicación y comercialización de viviendas ilegales. Señala que la decisión del TSJ demuestra que es competencia del Gobierno hacer frente al problema y no de los ayuntamientos, que son “el último eslabón de la cadena”. Madrid es la ciudad de España con más pisos turísticos. En total son más de 16.300, de los cuales 15.200 operan al margen de la ley, según los datos del Ministerio de Consumo que recoge Álvaro Sánchez Martín.

Esta semana, el Ayuntamiento de la capital aprobará el llamado Plan Reside, que busca concentrar las viviendas vacacionales del centro de la ciudad en edificios reservados exclusivamente para eso. Desde la oposición de izquierdas creen que la nueva normativa expulsará a más vecinos a la periferia y que la solución pasa por reforzar la plantilla de inspectores. El PSOE critica que en este momento solo haya 18 inspectores para vigilar los más de 120.000 negocios de toda la ciudad, no solo los pisos turísticos. De hecho, el año pasado solo se multaron a 92 apartamentos que operaban sin licencia.