El Gobierno de Ayuso ejecutó en 2024 el mayor número de desahucios de pisos sociales en una década al calor de su campaña antiokupa

Los desahucios de familias que habitan en pisos sociales han sido excepcionales durante años debido a que en la mayoría de los casos se trata de personas muy vulnerables, pero Madrid ha dado un giro notable y está expulsando al mayor ritmo de la última década a pesar de la grave crisis de vivienda. Datos oficiales obtenidos por EL PAÍS indican que en 2024 se produjeron 121 desalojos de pisos propiedad de la Agencia de la Vivienda Social, la AVS, que todavía muchos madrileños conocen por su antiguo nombre, el Ivima. Es la cifra más alta desde 2015, cuando solo se produjo un desahucio en su parque de casi 25.000 viviendas, que la convierten en el mayor casero de la región.

“Hace unos años la AVS desahuciaba solo en casos extraordinarios como muy mala convivencia”, dice Javier Rubio, abogado de la cooperativa CAES, que defiende a colectivos indefensos. “Pero, progresivamente, se ha desprendido de su alma y se ha convertido en una máquina ciega”. A Enrique Villalobos, responsable de vivienda en la federación de vecinos madrileña, la FRAVM, se le quiebra la voz al teléfono al pensar en casos que ha conocido: “Todos los desalojos son crueles, pero lo son especialmente los de personas en esta situación”.

La tendencia al alza es clara: casi todos los años desde 2015 se ha producido un aumento de los desalojos, con un incremento sustancial desde 2019, cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso tomó las riendas del Ejecutivo autonómico, según los datos, obtenidos a través de una solicitud reglada por la ley para acceder a información pública.

La lucha contra “los okupas” ha sido una de las banderas de Ayuso. En este tiempo, la Asamblea ha abandonado la medida de “amnistía” que desde 2015 favorecía a las personas que vivían en las viviendas públicas sin un título habilitante y que fue derogada en 2022 con los votos de PP y Vox. En 2023, la Comunidad contrató a un bufete de abogados para agilizar los trámites judiciales y recuperar 10.000 inmuebles de la AVS (8.000 afectados por morosidad y 2.000 por ocupación).

Oposición y activistas alertan de que esta política de mano dura no discrimina entre pisos ocupados con mala fe y el de personas en situación de extrema necesidad, además de tener unas consecuencias dañinas para la población más débil en plena crisis de la vivienda asequible. Consideran que muchas personas deberían ser perdonadas. Entre los llamados “okupas” se encuentran familias que no comunican el plazo el fallecimiento del titular del contrato o que subalquilan a un beneficiario que acaba engañándoles.

Una realidad hiriente es que miles de solicitantes engrosan la lista de la AVS a la vez que esta agencia tenía a principios de este año 798 pisos vacíos, según datos oficiales obtenidos por Más Madrid. El Gobierno regional se defiende diciendo que son pisos en el circuito de reparación para ser adjudicados de nuevo.

“Mantienen una lista de espera cronificada de personas en situación de emergencia social, a las que no les ofrecen ninguna alternativa habitacional”, critica el diputado de Más Madrid Jorge Moruno. “No es otra cosa que desprecio a los pobres, abandono de lo público y una total indiferencia ante el sufrimiento de la gente. Representa el espíritu de su forma de gobernar”.

“Se ríen de nosotros”

La palabra okupa es hoy un estigma que influye en las decisiones de jueces y políticos, según activistas y abogados de vivienda, quienes creen que la presión social fue clave hace una década para que las istraciones adoptaran medidas amables con las personas que habitan pisos sociales. En 2015, cuando los datos oficiales muestran un solo desahucio, la izquierda se hizo con el Ayuntamiento de Madrid y estuvo a punto de ganar en la Comunidad, en parte gracias a la indignación que provocaron las ventas de vivienda social a fondos inmobiliarios.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora los inquilinos de pisos sociales sienten que el discurso antiokupa ha hecho mella. Se nota en las acciones para proteger a los afectados por orden de desahucio, que ya no atraen al mismo número de simpatizantes de antaño, ni tampoco a tantos periodistas.

También se palpa en las reuniones de un grupo especializado en proteger a este colectivo, la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), nacida en lo más crudo de la crisis del ladrillo. Hace dos semanas solo asistieron diez personas a la cita quincenal en el barrio de Orcasur, un barrio donde abundan las viviendas públicas de la Comunidad. Los asistentes son inquilinos de la AVS.

Una de las primeras en intervenir es una activista veterana, Asunción Carbonel, alias Asun. Lo hace para reprender al resto porque solo siete personas aparecieron en una acción reciente contra un desahucio. “Se ríen de nosotros y cada día vamos a menos”, les advierte. “Yo diría que o nos implicamos un poco más o vamos todos a la calle”.

“Cada vez viene menos gente a las acciones para detener desahucios”, lamenta la mujer que lleva la voz cantante en la reunión, Angelines Díaz. Explica que la demonización de los okupas ha calado en la sociedad. “Empezaron las empresas de seguridad vendiendo alarmas y siguieron la Ayuso, el PP y Vox”.

Entre los presentes se encuentran personas que la AVS considera “okupas”, como Andrea Sánchez García. Su familia no tumbó ninguna puerta para entrar en el piso de Vallecas donde vive desde 1992, cuando solo tenía dos años. Sus padres fueron adjudicatarios de esa vivienda y cuando hace siete años murió su madre, ella intentó ejercer su opción legal para subrogarse en el contrato. No le dejaron porque su padre era también titular originario, aunque él se hubiera separado y marchado de ese hogar cuando Andrea era pequeña. Le dijeron que para heredar el contrato su padre también debería haber fallecido.

En diciembre de 2022, dos inspectoras de la AVS se presentaron en su puerta y le dijeron que habían rescindido el contrato. Pronto llegó la orden de desahucio. Con dos niños a cargo y cobrando el ingreso mínimo vital, Andrea teme que si pierde su batalla judicial contra el desalojo, deberá marcharse de una ciudad sin opciones de techo asequible.

“Solo tengo a mi padre que vive en una caja de zapatos con su pareja”, dice. “Están dejando a un montón de familias en la calle y les da igual”.

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