El 52% de las escuelas infantiles y el 49% de los institutos de Madrid tienen las Inspecciones Técnicas de Edificios desfavorables

Cada mañana, unos 2.200 niños de 0 a 3 años y 33.400 adolescentes salen de su casa rumbo a la escuela infantil y al instituto. Llegan al centro, que es casi su segunda casa —ya que muchos pasan incluso más tiempo allí que en donde viven— y se encuentran con una infraestructura en mal estado. Estos estudiantes acuden a las 70 escuelas infantiles e institutos que llevan años con un resultado desfavorable en las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE). No son pocos. En el caso de las escuelas infantiles, representan el 52% de los centros que deben someterse a esa inspección y para los institutos representan el 49%. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se señalan entre sí sobre quién debe solventar estos problemas. Incluso se han multado entre ellos por no cumplir con las reparaciones, pero las soluciones siguen sin llegar.

Los datos públicos del Ayuntamiento de Madrid han sido recogidos por el Grupo Municipal Socialista de la ciudad de Madrid. Hace unos meses también se había recogido esta información, pero sobre los colegios públicos de Madrid, que siguen en la misma línea. En ese momento, EL PAÍS informó de que casi el 40% de los colegios públicos de Madrid tiene las ITE con resultado desfavorable, lo que afecta a 33.600 estudiantes. En las demás etapas educativas el panorama no es mejor.

En la ciudad de Madrid hay 97 Institutos de Educación Secundaria (IES) públicos, de los cuales 90 tienen la obligación de someterse a la inspección —que se debe hacer una vez cumplidos los 30 años de antigüedad de la estructura y luego una vez cada 10 años—, y 44 de ellos la tienen desfavorable. En otras palabras, el 49% de los centros que deben aprobar la inspección tiene problemas en sus edificios. Esto supone más de 33.400 alumnos recibiendo clases en estructuras con problemas. “Esta nueva información pone de manifiesto la grave situación en la que están los centros públicos en Madrid. La dejación de sus funciones del equipo municipal y el riesgo en el que deja a los menores, así como a los equipos docentes, al personal educativo de los centros”, manifiesta Isabel Galvín, portavoz de CCOO. El sindicato asegura que está presentando denuncias caso a caso y que está valorando actuar por la vía penal.

En las escuelas infantiles ocurre algo similar. De las 141 escuelas infantiles públicas de la capital, 50 han tenido que someterse a la inspección, y más de la mitad (26) la han reprobado. En decir, el 52% de las obligadas a pasarla. A esas escuelas acuden más de 2.200 niñas y niños.

Los expedientes desfavorables

El Grupo Socialista ha tenido a todos los expedientes de los colegios públicos que cuentan con la ITE desfavorable para analizar, uno por uno, cuáles son los problemas que sufren. Las deficiencias más significativas son la existencia de techos descolgados, atascos en la red de fontanería que impiden la evacuación correcta del agua, humedades y filtraciones, grietas y fisuras en los edificios, mal cerramiento de las ventanas —lo que conlleva una falta de aislamiento térmico—, entre otras. Para todas ellas, según revela el informe, los técnicos han estimado un plazo de duración de las obras descritas, que pueden ser de tres, seis o 12 meses. Pero en la mayoría de casos no se cumple ese tiempo.

Algunos expedientes incluso cuentan con un apartado de Medidas Inmediatas, pero esas tampoco se hacen a tiempo, ya que algunos siguen sin resolverse, según la oposición. Entre ellos está el peligro de caída de baldosas, la retirada de ladrillos sueltos, el vallado perimetral de alguna zona del centro y la limitación de .

Hay una frase que se repite en varios y que podría alertar del origen del mal estado de las estructuras. Según el informe, los técnicos apuntan que “la falta de mantenimiento y conservación provocan un deterioro en los centros que con el paso del tiempo se deben acometer obras de mayor envergadura”. “Esta frase reiterada demuestra lo que llevamos muchos años denunciando: el origen de las grandes deficiencias actuales es la falta de mantenimiento diario, una competencia puramente municipal que el Ayuntamiento de Madrid lleva décadas dejando de ejercer”, denuncia la edil María Caso, portavoz de educación del Grupo Municipal Socialista y encargada de revisar los expedientes.

El Ayuntamiento multa a la Comunidad

La ITE es un procedimiento obligatorio regulado en la Ordenanza Municipal de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. ¿Y quién debe hacerse cargo de las reparaciones? Según el artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia municipal la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Sin embargo, en obras más grandes de infraestructura educativa la encargada es la Comunidad Autónoma.

Eso parece no estar claro para ninguna de las dos partes. Tras preguntar al Ayuntamiento hace unas semanas, la encargada de prensa aseguró textualmente: “Todo este asunto, consulta a la Comunidad de Madrid”. Pero la Comunidad asegura que es trabajo del Consistorio. “Los edificios de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria son propiedad de los ayuntamientos y, por tanto, son ellos los encargados de su mantenimiento y les corresponden las competencias para hacer las reformas necesarias que indique la ITE. En cualquier caso, que un edificio tenga un informe desfavorable en la ITE no significa que esté en mal estado y mucho menos que no se pueda utilizar; en la mayoría de ocasiones se trata de requerimientos para hacer pequeños arreglos necesarios por el paso del tiempo”, indicaron en ese momento.

Esto tampoco ha funcionado así, ya que incluso el Ayuntamiento ha reconocido que ha interpuesto 16 multas coercitivas a la Comunidad por incumplimiento de las órdenes de ejecución establecidas para ocho centros educativos con ITE desfavorable. Las multas, interpuestas entre 2023 y 2024, oscilan entre 1.000 y 3.000 euros, para un total de 27.000 euros. “Exigimos a las istraciones competentes, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que dejen de incumplir la normativa y ejecuten de una vez por todas las inversiones que requiere la educación pública de nuestra Ciudad”, ha dicho Caso. A pesar de esto, el Ayuntamiento también ha reconocido que no ha emitido las órdenes de ejecución para algunos centros de titularidad municipal. En fin, ninguna tarea se cumple.

Tras una consulta de EL PAÍS sobre estas multas, la Comunidad contesta que ambas partes “han organizado un equipo de trabajo para coordinarse en todos los asuntos relacionados con todas las necesidades de infraestructuras educativas”, sin negar y desmentir la información.

Pese a que la información ha salido a la luz, la investigación de los socialistas no ha sido sencilla, según denuncian. Caso asegura que desde que han empezado a “destapar estas cifras y acceder a los expedientes”, las instituciones de Almeida y Ayuso les han impedido realizar visitas a más colegios. “El Ayuntamiento nos está impidiendo desarrollar nuestra labor de fiscalización de una competencia municipal, porque en todo aquello que tenga competencias directas el Ayuntamiento, la oposición tiene derecho a su fiscalización”, reclama la edil.