Responsabilidad climática de los bancos

La temperatura de la superficie de la Tierra sigue batiendo récords. El mes pasado ha sido el segundo abril más caluroso de la historia. La temperatura media del aire se situó 1,51º C por encima de los niveles preindustriales (1850 -1900), según el informe sobre cambio climático de Copernicus. Llevamos ya 21 meses seguidos en que la temperatura global supera el umbral de 1,5º, el nivel a partir del cual se desencadenan efectos graves, según la comunidad científica. El aumento de temperatura está directamente vinculado a la financiación de las energías fósiles.

La Unión Europea lidera la lucha contra el deterioro climático mediante diversas normas que fomentan las energías renovables. La política europea cobra especial relevancia tras las peligrosas decisiones de Trump de eliminar las subvenciones a las energías renovables e impulsar el uso de las fósiles.

Entre las medidas europeas destacan la directiva sobre diligencia debida de las empresas relativa a derechos humanos y daños ambientales, (CSDDD), y la norma que regula la información empresarial en materia de sostenibilidad, (CSRD). Ambas directivas registrarán importantes rebajas de las obligaciones empresariales, según la última propuesta de la Comisión Europea del pasado 26 de febrero, que trata de simplificar la regulación europea como habían pedido Draghi y Letta. Las menores exigencias han despertado preocupación entre las asociaciones defensoras del medio ambiente.

En este escenario ha sorprendido el dictamen del Banco Central Europeo (BCE) del pasado 8 de mayo que recomienda importantes modificaciones a la propuesta de la Comisión Europea. La resolución de la entidad que preside Christine Lagarde ha llamado la atención porque no había sido solicitada por ninguna institución. Aunque el documento asegura que “el BCE apoya el enfoque holístico de la Comisión para mejorar la competitividad europea”, expresa su preocupación por la pérdida de la información necesaria para efectuar su supervisión en materia de sostenibilidad para asegurar la estabilidad financiera. Considera que los informes de sostenibilidad son un buen instrumento para reducir los riesgos financieros sistémicos.

En concreto, censura que la obligación de informar se limite a las empresas con más de 1.000 empleados. Sobre este punto, “el BCE observa que la reducción del alcance propuesto supone un cambio significativo en la CSRD”. Recuerda que, según la propuesta comunitaria de febrero, “el número de empresas sujetas a la obligación de presentar informes de sostenibilidad se reduciría en aproximadamente un 80%. Esta modificación podría limitar significativamente el de las partes interesadas a información importante y potencialmente generar resultados no deseados”. Propone que también informen las empresas medianas de entre 500 y 1.000 empleados.

El BCE igualmente rechaza la supresión de la cláusula de revisión en la directiva CSDDD sobre una evaluación de las obligaciones de las entidades financieras y la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad.

La implicación del BCE en materia climática revela la responsabilidad de los bancos y la importancia de la información sobre la financiación bancaria para asegurar la transición energética. El BCE precisa información para contrarrestar el poder contrario a la regulación del lobby bancario y garantizar la estabilidad financiera.