Extradiciones y atentados: la mano larga de Ortega acecha a los refugiados en Costa Rica

Para la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, la desconfianza con los extraños es una forma natural de cuidarse entre ellos. Un intermediario debe llevar a otro y, así, poco a poco, se logra entrar en su círculo. “Si no me hubieran escrito antes, yo probablemente no hubiera contestado nada”, afirma una de las fuentes anónimas consultadas. El temor a dar el nombre también cruzó la frontera. Quienes llegaron a suelo costarricense huyendo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo saben que “la mano larga de la dictadura” —una frase que se repitió al menos tres veces en conversaciones diferentes— los persigue en el país que les ha dado refugio.

“No les importó la hora, el día, o incluso si alguien me acompañaba, porque esta gente no tiene escrúpulos”, dice Joao Maldonado, opositor que sufrió dos atentados contra su vida en 2021 y 2024, que el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica atribuyó a una “red organizada con motivaciones ideológicas”. En ambas ocasiones, Maldonado recibió disparos de gatilleros que lo atacaron en pleno día en zonas concurridas de San José. En el segundo atentado, Maldonado iba acompañado de su esposa, que fue impactada por un disparo, y sobrevivió.

Maldonado, de 37 años y originario del departamento nicaragüense de Carazo, considera que su historia ha servido para que “muchos abran los ojos sobre el peligro que hay para todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país”. Sin embargo, tanto él como otros de los refugiados consultados aclaran que ha habido otros casos que no han recibido la misma atención, como el de la muerte de Luis Ortega, un nicaragüense que fue asesinado en octubre de 2024 en el cantón de Upala, ubicado en la zona norte de Costa Rica, y que los opositores también atribuyen al régimen.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde el estallido social de 2018, alrededor de 300.000 nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica, el principal destino de esta diáspora. Los datos más recientes de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica señalan que el país acoge a 9.942 nicaragüenses reconocidos como refugiados, mientras que otros 195.512 se encuentran en proceso de solicitud de ese estatus, lo que representa más de la mitad de todos los nicaragüenses desplazados en el mundo. En total, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, unos 350.000 nicaragüenses viven en condición legal en Costa Rica, que tiene una población de cinco millones de personas.

Para muchos de quienes huyeron, la persecución ha sido una realidad desde el día que cruzaron la frontera. Dulce Porras, exguerrillera de la revolución sandinista convertida en opositora al régimen de Ortega-Murillo, afirma que su vida en Costa Rica ha estado marcada por un “estado de angustia”. “Tenemos que tener cuidado al movernos, por si alguien nos está mirando o nos toma una foto. Nadie se capea al brazo largo del terrorismo de la dictadura, pero hemos aprendido a cuidarnos”, explica Porras, de 74 años, y también originaria del departamento de Carazo. Ella, además, es una de los cientos de nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen.

Gonzalo Carrión, activista por los derechos humanos y miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, explica que “la mano larga de la persecución” llega a tal punto que incluso ha habido refugiados que se han ido de Costa Rica hacia otros destinos “alegando razones de seguridad”. El mismo Carrión ha sido víctima de amenazas de muerte y el colectivo del que forma parte se vio forzado a cambiar de ubicación en Costa Rica, debido a que se percataron de que algunos eran seguidos cuando andaban por la calle. “La forma que tienen de atropellar la vida no conoce vergüenza alguna”, señala el activista leonés de 64 años, quien, al igual que Porras, fue despojado de se nacionalidad.

Las afirmaciones de Carrión tienen eco en los hallazgos de la Fundación Sin Límites, un centro de estudios políticos enfocado en los derechos humanos en Nicaragua. Este centro acaba de publicar un estudio sobre los efectos de la represión transacional hacia actores prodemocráticos que revela que existe una “percepción de desprotección” por parte los nicaragüenses en Costa Rica, lo que impulsa a muchos a considerar su traslado. “Hay gente que se ha buscado alternativas incluso con programas de movilidad segura para moverse al otro lado del charco, buscando alternativas como España”, agrega Carrión.

Además de la represión transnacional, la ola de crimen violento que atraviesa Costa Rica también ha repercutido. Braulio Abarca, activista y también miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, destacó cómo, en 2023, el año con más homicidios registrados de la historia de Costa Rica, del total de 907 personas asesinadas un centenar eran nicaragüenses.

“Muchas personas están migrando a terceros países por el tema de la inseguridad. particularmente de ONG o colectivos, quienes están particularmente expuestos porque el régimen los percibe como una amenaza”, explica Abarca.

Joao Maldonado cuenta que, cuando los refugiados pierden la sensación de seguridad, “toda la forma de vida se ve comprometida”: “Uno está siempre con una paranoia, yo hasta manejaba buscando no detenerme en ningún semáforo y siempre estaba viendo para atrás, pensando que alguien me seguía”.

Extradiciones y opositores entregados

Para los refugiados, otra preocupación es cómo el aparato represor del régimen puede también operar por vías legales para lograr la extradición de opositores. 2024 marcó un punto de inflexión: Costa Rica entregó a dos hombres buscados por Nicaragua. En febrero, entregaron a Douglas Pérez, acusado de matar a un policía. Pérez estaba en proceso de solicitud de refugio, pero fue capturado por las autoridades costarricenses porque estas recibieron una alerta de la Interpol. Después, en noviembre, Costa Rica extraditó a Alberto Granja, acusado de matar a un militar y de formar parte de un grupo criminal.

Gonzalo Carrión destaca que, cuando un Estado solicita una extradición, el otro Estado debe pedir garantías de seguridad para el acusado, pero que esto no es una posibilidad con Nicaragua. En el caso de Pérez, sus conocidos no han recibido noticias de él desde que fue entregado a Nicaragua.

“Nadie lo ha visto y nadie sabe dónde lo tienen. Lo acusan de organizar una emboscada en Río San Juan (sur de Nicaragua), pero no tenemos evidencia de que él haya participado en eso”, asegura Dulce Porras. La opositora, que trató de impedir la extradición, dice que “Costa Rica lo dejó en indefensión y lo entregó a quienes lo quieren matar”. “Nosotros no tenemos la certeza de que esté vivo”, añade.

El viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, Omer Badilla, que ejerce también como jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería, explica a EL PAÍS que el Ejecutivo no tiene “competencia” para evitar una extradición una vez que les llega una solicitud internacional de búsqueda. Badilla asegura que, en estos casos, se siguió “un debido proceso” una vez que la policía detuvo a los nicaragüenses: “La parte que define el tema de las extradiciones corresponde al Poder Judicial”.

Frente a las críticas que suscitaron estas extradiciones, el viceministro recuerda que miles de personas con riesgo de persecución política tienen refugio hoy en Costa Rica. “Le podemos garantizar a la comunidad internacional que a las personas que acreditan que son perseguidas, nosotros las vamos a recibir como refugiadas y acá les vamos a dar todas las protecciones legales”, agrega.

Cinco días después de la conversación de Badilla con EL PAÍS, Costa Rica otorgó refugio al opositor nicaragüense Reynaldo Picado, detenido desde 2022 debido a una solicitud de extradición por parte del régimen de Ortega, que lo acusa de asesinato y crimen organizado. El pasado noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había instado a Costa Rica a abstenerse de extraditar a Picado. Seis meses después, el refugio, inicialmente rechazado, fue aprobado tras una segunda petición al Tribunal istrativo Migratorio.

“Relación cordial” de Costa Rica y Nicaragua

El viceministro Badilla apunta que la colaboración con Nicaragua para labores de inteligencia se mantiene con el fin de “ubicar individuos de interés”, pero que no puede referirse “puntualmente” sobre en qué consiste esta colaboración. “Si bien es cierto que no hay mucho diálogo, sí tenemos una relación”, señala el jerarca.

La istración del presidente Rodrigo Chaves se ha caracterizado por mantener un tono más recatado con Nicaragua que gobiernos anteriores. En declaraciones a EFE en diciembre de 2023, Chaves dijo que “de vez en cuando” hablaba con Ortega y Murillo y que había “una relación sumamente cordial y constructiva”. Además, en una entrevista con CNN en 2024, evitó calificar a Ortega como un dictador y dijo que consideraba a Nicaragua como “un vecino a través del cual pasa el comercio internacional”. Y consultado sobre las extradiciones de nicaragüenses, afirmó que “no estaría de acuerdo con que el Poder Judicial deporte a alguien que tiene condición de refugiado”.

Para Braulio Abarca, las manifestaciones de Chaves reflejan que “es una persona que no tiene mucha experiencia política” y que habla “desde el desconocimiento”, ya que históricamente la política exterior en Costa Rica “se ha mantenido firme en contra de la violación a derechos humanos” en Nicaragua en todos los órganos internacionales.

Seguir dando la cara

Mientras, en la comunidad exiliada, el activismo por la democracia en su país continúa. Aunque la Fundación Sin Límites identificó en un estudio de marzo de 2024 que el activismo de los opositores nicaragüenses se realiza “con bajo perfil y autocensurado de redes sociales”, Gonzalo Carrión afirma que las amenazas y la persecución no amedrantan al colectivo Nicaragua Nunca Más. “Seguimos dando la cara y denunciando los atropellos que comete la tiranía”.

El activista dice sentir agradecimiento porque en los periodos difíciles, el apoyo se ha mantenido dentro y fuera de Costa Rica, un país donde los nicaragüenses encuentran solidaridad, principalmente de una comunidad de refugiados que se ha solidificado en los siete años que han pasado desde el estallido social. Macuto, un poeta y gestor cultural —que pide ser identificado solo por su primer nombre—, fue testigo de esa red de apoyo cuando llegó a Costa Rica en 2022. “Le tengo que agradecer a esas personas que vinieron antes que yo y que crearon condiciones para que los que llegamos después”.

Macuto empezó a construir su nueva vida en un país cada vez más violento, pero donde pudo volver a dedicarse a su arte sin tener miedo, algo que, para él, es también un acto de resistencia. Y recuerda especialmente la experiencia “catártica” de recitar poesía por primera vez en San José: “Empecé a leer y mi cuerpo temblaba. Estaba recordando el trauma de tener a un policía apuntándome con un arma, pero me di cuenta de que en ese momento estaba seguro. Volví a vivir y eso significa también no estar dispuesto a bajar la cabeza ante la represión”.