Sin experiencia, en edad de retirarse o con vínculos empresariales o políticos: la elección judicial abre la puerta a candidatos cuestionables

En las boletas para votar quiénes serán los próximos jueces y magistrados habrá opciones que incluyen desde licenciados de 24 años a perfiles con 88 años. También se podrá votar por empresarios en activo o por candidatos con una larga trayectoria política partidista para conformar el nuevo poder judicial. México navegará sus primeras elecciones judiciales en un mar de muchas opciones que pasaron filtros laxos de forma apresurada y accidentada. Algunos sin experiencia, otros en edad de retirarse, con conflictos de interés por sus actividades empresariales y también con una marcada militancia política. Los expertos señalan que los comités de evaluación no tuvieron tiempo para hacer un buen arbitraje de postulantes y que las aptitudes de los que salgan elegidos afectarán al funcionamiento del sistema judicial en el futuro.

La polémica reforma judicial está a punto de dar sus primeros frutos con la elección de 881 cargos judiciales en los Estados y 1.800 federales. Sin embargo, el accidentado proceso de selección, retrasado en varias ocasiones por amparos e impugnaciones, se resolvió en tiempo récord y con una desproporcionada cantidad de candidaturas para evaluar. En consecuencia, se han reducido dramáticamente los requisitos para adjudicar los cargos, señala el doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Morena buscaba quitar las barreras para poder poner a gente de su afinidad. Hay candidaturas con problemáticas de todas las variables: crimen organizado, edad, partidistas…”, enumera el especialista en derecho constitucional y electoral.

Los especialistas coinciden en que el problema de base estuvo en sobrecargar de trabajo a los comités de selección de candidatos. “No había estándares para la idoneidad, la honestidad, la fama pública o la experiencia profesional. No se aterrizó bien cómo los comités tenían que entender esto”, explica David Mora, analista de la organización civil International Crisis Group. La tarea era titánica. De las casi 50.000 postulaciones recibidas inicialmente por los tres Comités de Evaluación, 19.121 personas consiguieron pasar la primera fase, el 39% del total. En paralelo, se desataba una tormenta de suspensiones que obstaculizaron el proceso, que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reactivar. Los plazos para elegir a los perfiles más adecuados de las ingentes propuestas de los candidatos se acortó. “Era materialmente imposible evaluar la identidad de todos los candidatos en ese tiempo. Las entrevistas fueron muy cortitas y se dividieron en subcomités, lo que añade más capas de subjetividad”. Finalmente, pasaron a la boleta opciones que solo debía tener un mínimo de experiencia, ser licenciados en derecho y tener cinco cartas de recomendación. “Esto ha generado que tengamos candidatos que no sabemos por qué razones entraron en la elección”, apunta Mora.

Algunos de los postulantes que pasaron el proceso de selección son todavía veinteañeros con poca experiencia, como es el caso de Cynthia Ortiz Monroy que con 27 años busca llegar a la Suprema Corte o Omar Jonathan Mendoza, que con 24 aspira a ser juez de distrito. Para Mora, hay muchas razones por las que una persona recién graduada no es idónea para un cargo de juez. “Por mucho que sea un estudiante brillante, no tiene experiencia. En promedio, un abogado antes podía pasar 15 o 16 años hasta poder ser juez”, señala.

Arturo Espinosa, director del think thank Laboratorio Electoral, insiste en los riesgos de un retroceso en la justicia, de que los jueces jóvenes que ganen la plaza se sientan intimidados o no sepan manejar casos difíciles o sensibles. “Si es su primer o segundo trabajo, van a tener complejidades para hacer su función y lo pagarán las personas que buscan justicia”, lamenta.

En el otro extremo del prisma de candidatos, hay varios aspirantes a jueces que en otros países estarían en edad de jubilación forzada. Bernardo Bátiz Vázquez, exdiputado y miembro del Consejero de la Judicatura Federal por el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador, se postula para magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial con 88 años. María Estela Ríos González, dos veces consejera jurídica y actual Directora General de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, aparece en la boleta para la Suprema Corte con 78 años. “Hay personas de 85 años que están perfectamente lucidas o funcionales, pero la mayoría no. Las normas jurídicas para acceder a cargos judiciales no deben de pensar en las excepciones, sino en la generalidad, es una lógica del derecho”, apunta Reyes. “Es un trabajo de tiempo completo, con un número enorme de horas, ¿tendrán la capacidad para afrontarla?”, se pregunta Espinosa.

Algunos de los candidatos judiciales han hecho campaña mientras han mantenido sus empresas en activo, lo que en muchos casos ha favorecido la financiación de sus campañas. Uno de ellos es Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla, aspirante a magistrado de Circuito en materia mixta en Sonora y acusado por la organización Defensorxs de ser propietario de la empresa minera Canfer, entre otras irregularidades. El candidato a la Suprema Corte Abraham Amiud Dávila Rodríguez, por su lado, fundó la firma de derecho médico Medical Legal Center Salomón & Warner, de la que sigue siendo director. Los analistas señalan los conflictos de intereses que pueden derivar de que jueces y magistrados mantengan su actividad empresarial en el cargo. “Tener otro negocio es una incompatibilidad que los inhabilita para ciertos asuntos o para el cargo, depende de la ley y de la materia empresarial. Debería revisarse cuando se inscriben al proceso, y no se ha hecho”, señala Espinosa. Reyes insiste en que se pone en riesgo la imparcialidad en el tribunal. “¿Qué va a hacer si gana? ¿Vender su participación en ese despacho? Y si se llega a separar, ¿qué pasará cuando los asuntos de ese despacho lleguen a la corte?”, añade.

Lo mismo ocurre con los aspirantes con un pasado marcado por la política, que no son pocos. Más allá de las repetidas alusiones a la Cuarta Transformación y a los lemas de Morena en las campañas de varios candidatos, muchos tienen una trayectoria laboral innegable dentro de partidos políticos. Para Reyes, el currículum de los postulantes demuestra que toda la elección judicial está politizada. “Es una reforma que no busca mejorar el sistema de justicia, hay que leerla en clave política”, sentencia. Para Espinosa, tener un pasado político reciente es una incompatibilidad ineludible para un puesto judicial. “Personas que en una temporalidad corta hayan sido candidatos políticos, dirigentes o militantes no deberían ser personas juzgadoras”, asegura.

Los tres analistas se muestran desesperanzados con el futuro del poder judicial en México ante las opciones disponibles para votar este domingo. Más allá del riesgo de que los procesos judiciales sean más lentos y, por lo tanto, más caros, Reyes teme por la pérdida de la imparcialidad en los tribunales y cortes. Espinosa prefiere señalar a la etapa postelectoral, en donde se tendrán que aplicar más mecanismos de vigilancia al trabajo de los jueces. “Deberán rendir cuentas y responder ante los conflictos de interés y ante las incompatibilidades de sus perfiles”, señala. Con todo, afirma que el deterioro del sistema judicial es inevitable. “No alcanzamos a medir el impacto de esta reforma en la impartición de justicia. No teníamos el mejor sistema, pero era mucho mejor del que tendremos ahora”.