El aumento del uso de drones con explosivos cambia la dinámica del conflicto en Colombia

La imagen de un niño de 12 años que cae al suelo por el ataque de un explosivo lanzado desde un dron le dio la vuelta a Colombia. Sin contexto, el video podría confundirse con imágenes de la Franja de Gaza o de Ucrania, pero fue grabado el pasado 15 de mayo en la vereda Veinte de Julio, en zona rural de Tibú, en el corazón del Catatumbo. El ataque es parte de la guerra que se libra en esa región fronteriza con Venezuela entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las extintas FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha atribuido es agresión al ELN y ha informado que el niño murió y 11 personas más quedaron heridas.

En lo que va del año, el Ejército ha reportado 73 ataques aéreos con drones que transportan explosivos improvisados: 59 en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, y 14 en Norte de Santander, al que pertenece en Catatumbo. Dos de esos ataques han sido contra la Armada Nacional; los demás, contra la población civil o contra otros grupos ilegales. El reciente caso en Tibú ha sido el que más víctimas civiles ha registrado desde que los grupos armados comenzaron a implementar esta estrategia ofensiva copiada de conflictos internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania.

El primer reporte que se tuvo en Colombia del uso de drones en el conflicto armado fue en 2018. Comunidades de Tumaco (Nariño, en el suroccidente) reportaron que el ELN usaba estos dispositivos aéreos para vigilarlos y supervisar algunas zonas de expansión cocalera. Cinco años después, en 2023, esas herramientas, frecuentemente utilizadas por la industria audiovisual para hacer tomas aéreas o por las Fuerzas Militares para labores de inteligencia, dejaron de ser solo usadas para monitoreo. Aparecían modificadas en los campos, con un tubo de PVC cargado con explosivos pegado con cinta adhesiva a la nave. La bomba detonaba al o.

En los reportes internacionales sobre el tema mencionan que los artefactos aéreos utilizados en el conflicto colombiano son de tamaño mediano, capaces de cargar hasta 50 kilogramos de explosivos. Las Fuerzas Militares, por su parte, confirman que en los primeros ataques con estos artefactos, el dron se perdía, actuando como un arma suicida. Sin embargo, explican que recientemente han identificado una mejora tecnológica, con la que pueden soltar la carga explosiva, como hacen los aviones con las bombas, y luego seguir volando hasta su aterrizaje.

Germán Valencia, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explica que las disidencias agrupadas en el llamado Estado Mayor Central han intensificado el uso de estos artefactos en el Cauca desde el año pasado. “Tienen la ventaja de que pueden ser utilizados a cualquier hora, tanto de día como de noche, debido a que tienen visión nocturna; que permite llegar a cualquier terreno; que son dispositivos económico; y que ponen en riesgo bajo a las personas que los manipulan”. Su manejo a través de control remoto se hace por combatientes cada vez más formados en el tema. De hecho, las Fuerzas Militares han identificado unidades de “droneros” en Nariño, al sur del Cauca. En el caso de las disidencias agrupadas en el Estado Mayor Central y del ELN, han documentado que su uso comenzó con pruebas “con botellas”.

Hasta ahora, todos los dispositivos que han detonado son drones modificados de forma artesanal. Pero un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que existe la sospecha de que algunos grupos han conseguido drones militares rusos. Laura Bonilla, subdirectora de la oenegé, sostiene que hay información que apunta a que grupos con presencia en zonas fronterizas tienen a armamento de guerras internacionales. “Hemos recibido, a través de fuentes en el territorio, denuncias del Catatumbo o del Putumayo sobre apoyos puntuales de personas de países como Irán o Rusia para entrenamientos o dotación de armamento”. Según la analista, se trataría de una nueva mutación del conflicto, como ha ocurrido en el pasado cuando algunos grupos obtienen armas más poderosas.

Las Fuerzas Militares explican que estos artefactos son especialmente útiles para a los grupos que buscan mantener o ampliar su poder territorial. Algunos actores armados también los han utilizado para atacar a la Fuerza Pública. En abril pasado, dos estaciones de Policía del departamento del Cauca fueron objeto de ataques con drones. Y luego, tras la celebración del Domingo de Ramos en el municipio de Cajibío, cuatro drones sobrevolaron la zona donde estaban los uniformados y estallaron, dejando a un policía herido. En el caso del Clan del Golfo, hasta ahora no han encontrado que los usen con fines explosivos, sino de monitoreo de cultivos o de control de la población civil. En el momento en que eso cambie, el conflicto puede escalar.

Esto porque la respuesta militar a estas armas no es sencilla. El Ejército asegura que, aunque las Fuerzas Militares han adquirido dispositivos que buscan bloquear la señal de estos artefactos voladores, “el problema es que bloquean toda la señal de comunicación en un territorio, y no se puede dejar incomunicada una zona del país”. Ante esa limitación de los inhibidores de señal, Una fuente cercana al Ministerio de Defensa confirma que la cartera adelanta negociaciones a puerta cerrada con organismos internacionales para obtener nuevos mecanismos de mitigación. Incluso han pensado en buscar una manera de limitar la compra y venta de drones en el país.

Derribarlos desde tierra, la respuesta más básica, es difícil. “No solo es complejo porque pueden llegar a alturas a las que los fusiles no tienen alcance, sino que al impactarlos pueden caer sobre la población y explotar”. Mientras aparece un mecanismo para desactivar los explosivos en el aire, los habitantes del Catatumbo y el Cauca han aprendido a identificar sus zumbidos para correr a protegerse.